Es acusado por la asociación Guayubira, de Uruguay, de causar fuertes dolores de cabeza, alergias y enfermedades respiratorias en el pueblo misionero de Puerto Esperanza, ubicado a unos pocos kilómetros de la celulosa.

En 1999 Alto Paraná S. A. (APSA), propiedad del grupo de Anacleto Angelini, fue denunciada de hacer desmontes a pesar de la prohibición del Ministerio de Ecología en Misiones, infringiendo las leyes ambientales 854 y 3426, y de presentar a ese organismo público estudios de suelo y de impacto ambiental cargados de irregularidades.

Las denuncias fueron ratificadas por el entonces ministro de Ecología Luis Rey y desencadenaron la renuncia del gerente forestal Maximiliano Cofré. Dos años después, en el 2001, los hechos se reiteraron con fuerza; el ministro de la cartera ecológica Miguel Angel Alterach ordenó suspender los trabajos de APSA por haber desmontado más de lo permitido e ignorado la faja de bosques protectores impuesta por ley; la situación fue corroborada por profesionales de la Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado.

Un cuadro similar ocurre actualmente en Valdivia, sur de Chile, donde el grupo forestal tiene una planta de pulpa de celulosa. Ésta empezó a funcionar en febrero del 2004, “causando la destrucción del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en el río Cruces, la muerte de más de 3.000 cisnes de cuello negro y de otras especies, y generando grave riesgo para la salud de la población”, denuncia el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Un estudio de la Universidad Austral de Valdivia determinó la directa responsabilidad de la empresa por la destrucción de los ecosistemas.

El 18 de enero de este año, la Comisión Regional del Medioambiente de la X Región (Corema) ordenó el cierre temporal de la planta a raíz de las numerosas irregularidades respecto de la Resolución de Calificación Ambiental. La situación se cobró la renuncia del gerente general Alejandro Pérez, y –se anunció- significó vender un millón de dólares menos por día y pérdidas cercanas a los 250 mil dólares en cada jornada.

Un cable de la agencia internacional Bloomberg, con fecha 8 de junio, explica que el fallo judicial en primera instancia que ordenaba clausurar la planta fue revertido por un fallo de la corte suprema, pero que no obstante Forestal Arauco mantendrá cerrada sus puertas.

El viernes último (17 de junio de 2005) diarios chilenos publicaron que “las altas concentraciones de sulfatos de aluminios, dioxinas y órganos clorados liberados al medio principalmente por Arauco, y en menor medida por otras actividades industriales, generan un riesgo latente en el estuario y para la salud humana de todo el sector por las captaciones de agua potable que hay en el área, mucha de ella contaminada por efectos de corrientes que transportan los residuos hasta zonas pobladas”. Para el día siguiente, sábado, se programó una marcha de la población con paraguas exigiendo que se respete el derecho a un ambiente sano.

“Forestal Arauco, además de estos severos problemas ambientales, mantiene latentes conflictos territoriales por reivindicaciones que hacen diversas comunidades Mapuche en el sur de Chile, quienes exigen varios predios que están en posesión de esta empresa, quien junto a CMPC (forestal mininco) se han convertido en los principales enemigos de los Mapuche por conflictos territoriales, hecho que ha generado en los últimos años procesos de represión, criminalización y encarcelamiento en contra de diversos dirigentes de comunidades rurales”, publica otro medio de comunicación.