Libelo fue formalizado por diez parlamentarios de la Concertación (coalición gobernante) y Renovación Nacional (partido de oposición).

Diez diputados presentaron ayer una acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, Domingo Kokisch, Jorge Rodríguez y Eleodoro Ortiz, quienes revocaron la resolución que ordenaba el cierre de la empresa Celulosa Arauco (Celco) en Valdivia, basándose en un informe adjudicado a la Universidad de Concepción, que luego se probó había sido hecho por la propia empresa en cuestión.

La presentación la hicieron -en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 48 de la Constitución, numeral 2, letra C- los diputados Juan Pablo Letelier (PS), Laura Soto (PPD), Osvaldo Palma (RN), María Eugenia Mella (DC), Eduardo Díaz (independiente-DC), Sergio Ojeda (DC), Fidel Espinoza (PS), Boris Tapia (DC), Waldo Mora (DC) y Sergio Aguiló (PS).

El libelo presenta extensamente los antecedentes que dan cuenta del accionar de los ministros que revocaron el cierre inicial de la planta Valdivia de Celco, que pudo ser reabierta luego de la resolución de la Corte Suprema y sólo fue cerrada nuevamente por decisión de la propia empresa ante el escándalo.

En el texto se acusa a los magistrados de “incurrir en la causal de notable abandono de deberes a raíz de la sentencia dictada en el recurso de protección rol 1853-2005, de fecha 30 de mayo del 2005”.

El diputado Silva explicó que “no pretendemos revisar el fallo, cuestión que nos está absolutamente vedada por la Constitución, tampoco estamos presentándolo porque pensemos distinto a la resolución, sino que porque a nuestro juicio se han vulnerado manifiestamente los deberes constitucionales”.

Sentenció que “es de público conocimiento que los ministro fallaron sobre la base de antecedentes que la propia planta reconoció como falsos, en el sentido que quienes pretendieron haber hecho un estudio contraviniendo en estudio de la Universidad Austral que era el principal elemento científico que existía para el fallo había sido por la propia planta y no por el AULA de la Universidad de Concepción”.

El parlamentario recalcó que “no nos parece que los ministros hayan sido engañados, de esa manera cualquier persona podría engañarlos con documentación falsa, es deber de ellos analizar el expediente, leer los documentos , citar a personas si así lo estiman conveniente para revisar los antecedentes sobre los cuales están fundando un determinado fallo”, agregando que a raíz de este fallo “uno legítimamente se puede preguntar que está pasando y qué ha pasado en otros fallos que quizás no tienen la connotación pública de éste, que no han tenido a los medios de comunicación permanentemente informando a la ciudadanía”.