El Manifiesto de San Pablo para el Primer Encuentro Latinoamericano por una Nueva Cultura del Agua proclama que “mil trescientos millones de personas no tienen garantizado el acceso a agua potable
Cada siete segundos muere una persona por falta de agua y seguimos destruyendo y degradando ríos, lagos y humedales, a menudo de forma irreversible” y fundamenta que “la deforestación masiva, la contaminación sistemática de las aguas por vertidos industriales, mineros, agrícolas y urbanos, la desecación de humedales, la expansión del agronegocio, la navegación comercial a gran escala, el cambio climático, entre otros, están quebrando la salud de los ecosistemas acuáticos.
Ante esta creciente tragedia ecológica y social, las instituciones públicas suelen mostrarse impotentes, cuando no complacientes, bajo la justificación de favorecer el crecimiento económico”.
Con reiteración hasta el hartazgo, exclamamos que las tres cuartas partes de la superficie del planeta se compone de agua, pero sólo el 3% de ella es agua dulce, y de esta cantidad sólo podemos acceder al 0,7%, la que está al alcance del hombre.
Los datos son alarmantes y conviene refrescarlos: La renovación de las aguas se estima en 43.000 km3 anuales, descargada en los ríos, mientras que el consumo total se estima en 6.000 km3 por año. Pareciera que sobrara el agua pero no es así, gran parte está contaminada y distribuida de manera desigual: el 60 % se encuentra en 9 países mientras otros 80 sufren escasez.
Dos mil cuatrocientos millones de personas no tienen acceso a condiciones de salubridad decentes. O sea, a condiciones sanitarias consideradas necesarias por la Organización Mundial de la Salud; dos mil doscientos millones de personas mueren por año, en el mundo, debido a enfermedades vinculadas con aguas contaminadas. En su mayoría son niños.
Cada siete segundos se pierde una vida humana en el mundo por esa causa. Las corporaciones agrarias, la producción industrial consumista y la actividad minera, se reparten el uso del agua dulce del planeta.
Menos del 10% de aquel 0.7% de agua dulce de la que dispondríamos y a la que tenemos acceso, es para consumo humano. El mundo anuncia su escasez y los países desarrollados monopolizan su explotación con un puñado de corporaciones que intentan repartirse el botín, compitiendo por el futuro control de los acuíferos.
Se lanzan sobre el agua con la misma ferocidad que para el resto de los recursos, pero en este caso tendrán a la población mundial cautiva, extorsionada por quienes dominen los grifos y con mayor sometimiento que en el caso de los combustibles.
No obstante, la importancia y valor metálico que tiene y tendrá el agua, no impide que su escaso volumen disponible sea precisamente el que utiliza la nueva minería de manera alarmante, porque gran parte de los minerales que ansía el mundo del norte y que también presentan escasez, se hallan diseminados en la Cordillera de los Andes, precordillera y estribaciones.
Allí, en las altas cumbres, paradigma de las nacientes de las aguas, asiento de los glaciares, cientos de empresas mineras transnacionales acceden al festín de los recursos no renovables, irrepetibles -aunque de baja ley- diseminados en enormes extensiones.
Cuanta más baja es la ley del mineral, mayor cantidad de agua se requiere para lixiviar las rocas, molidas después de derribar cerros y montañas. Un siglo atrás, Estados Unidos obtenía cobre de 5% de ley y en la actualidad es inferior al 0,4% de ley. (En todos nuestros artículos recurrimos a esta relación porque es la mejor referencia al saqueo que la minería del norte le ofrece a los pueblos del sur y es, también, la causa y motivo del método extractivo).
Las notas sobre Los Glaciares de Barrick, publicadas anteriormente, nos ubican ante el daño que ocasionarán las transnacionales mediante una extracción perversa, a tajo abierto y por lixiviación de una sopa química que potenciará la contaminación al liberar los metales encapsulados en los cerros de la cordillera andina.
Daño inmediato y drenajes ácidos a posteriori, contaminación directa en acuíferos y arroyos, consumo masivo de agua que habrá de inutilizar, y destrucción de glaciares, suelos y nacientes del vital elemento, más un cóctel de ácidos por gestión de los reactivos usados, confirma una realidad indiscutible.
Cifras que no pueden ocultarse y que surgirán del holocausto hidráulico de un solo caso estudiado: la provincia de San Juan.