La Junta de Andalucía asumirá por ley la ejecución de proyectos de abastecimiento en alta y depuración de aguas, ahora competencia de las entidades locales, y establecerá los derechos de los ciudadanos respecto a estos servicios
Estas son dos de las novedades del anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua.
El Consejo de Gobierno acordó el inicio de la tramitación de esta ley, cuyo texto, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente con el consenso de los agentes socioeconómicos y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), configura el marco normativo para hacer posible en Andalucía el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados por la Unión Europea en su Directiva de Aguas, así como para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos de abastecimiento, potabilización y depuración.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, el borrador fija dos pilares fundamentales: la regulación de las competencias del ciclo integral del agua y el establecimiento de precios mínimos respecto al coste que suponen los servicios. El nuevo reparto de atribuciones supone que la Junta pasará a asumir por ley la responsabilidad de ejecutar los proyectos de infraestructuras de abastecimiento en alta (desde el punto de captación a la potabilizadora) y depuración de aguas residuales urbanas.
El anteproyecto establece también una serie de derechos de los usuarios. Destacan los de exigir la prestación del servicio en condiciones de regularidad y conforme a los parámetros de calidad establecidos y ser informados con antelación suficiente de los cortes de servicios programados por razones operativas.
