La iniciativa sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional se refiere a la producción algodonera, un plan de desarrollo sustentable y fomento a la producción; un fondo de compensación de ingresos y un seguro agrícola que tendrá aplicación en determinadas regiones de nuestro país. 

En su iniciativa señala que: "Nuestra provincia del Chaco fue históricamente la que ha dedicado mayor superficie al cultivo del algodón y por lo tanto la que podría verse beneficiada en mayor proporción por las ventajas de esta ley". 

Además agregó que "finalmente la voz de distintos sectores productivos, organizaciones, instituciones públicas y ciudadanos se hizo eco en el Congreso para encontrar una respuesta a una demanda histórica de los productores algodoneros, logrando disminuir la  incertidumbre de precios y crear un soporte permanente para que los capullos se conviertan en una oportunidad para los pueblos relacionados con esta rama de la producción primaria."  

Analizando la producción chaqueña, el legislador del Frente Grande señaló que después del auge del modelo sojero, que mostró en campañas récord su imposibilidad de distribuir su riqueza en el pueblo trabajador, el sistema algodonero basado en pequeñas y medianas explotaciones se muestra como una posibilidad de empleo genuino para toda una región del país, por la participación de sectores industriales locales y demanda de servicios permanentes.