Fuentes oficiales aceptan que detrás de estos impuestos verdes se encuentra una "finalidad recaudatoria, que deberá generar una nueva fuente de ingresos impositivos con los que satisfacer inversiones en infraestructuras y en el cuidado ecológico".

Según informa Expansión, una fuente del Ejecutivo revela que el gravamen empresarial se centrará en "los residuos y el resto de vertidos contaminantes, introduciéndose en España un tipo de impuesto que ya ha sido puesto en marcha en el norte de Europa y que ha conseguido cojncienciar a las compañías de la necesidad de controlar sus efectos dañinos sobre el medio ambiente".

La norma marco que regula la creación de estos tributos se denominará Ley de Fiscalidad Medioambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y el de Economía y Hacienda trabajan ya en su contenido, que supondrá el banderazo de salida para estos impuestos. "En principio se tratará de gravámenes nacionales, aunque es posible negociar recargos o participaciones de las comunidades autónomas en ellos", aclara la misma fuente del Gobierno directamente relacionada con la elaboración de la ley de las ecotasas.

La exposición de motivos de la futura ley dejará claro que el principio básico apalicar a todos los impuestos verdes será el de que "el que contamina paga", de forma que "no se traslade presión fiscal al resto de habitantes, sino únicamente a los responsables de los costes medioambientales".

España hasta el momento se había negado a aplicar este tipo de impuestos ecológicos. Tan sólo algunas comunidades, como Islas Baleares, Extremadura, Andalucía y Aragón han emprendido la senda de las ecotasas aunque con escaso impacto recaudatorio.