El presente es un extracto del artículo completo de José Santamarta director de la edición en
castellano de la revista World Watch. Es economista y licenciado en Filosofía, y
trabajó en el IDAE en planificación energética, estudios de demanda y
elaboración de balances energéticos.
1. El Protocolo de Kioto
1.1. Mecanismos de "desarrollo
limpio" y cooperación internacional. La problemática del comercio de
emisiones
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997
concluyó con la adopción de un protocolo de reducción de emisiones de gases
de invernadero por los 39 países industrializados, incluidos los de la antigua
URSS. El compromiso, que se encuentra en un difícil periodo de negociación y
ratificación, tras el fracaso de la Conferencia de La Haya, obliga a limitar
las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O,
compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y
hexafluoruro de azufre) respecto al año base de 1990 para los tres primeros
gases y 1995 para los otros tres, durante el periodo 2008-2012, en proporciones
diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión
Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y
Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la
reducción global acordada es de un 5,2% para los países industrializados.
El Protocolo no obliga en una primera fase a
los países en desarrollo, dadas sus reducidas emisiones por habitante. Los países
industrializados, con el 20% de la población mundial, son responsables de más
del 60% de las emisiones actuales, y de la práctica totalidad de las emisiones
históricas, y a pesar de estos hechos incuestionables, EE UU, Australia y Japón
condicionan la ratificación del Protocolo a la asunción de compromisos por
parte de China (el segundo emisor mundial) y otros países en desarrollo,
contradiciendo el llamado Mandato de Berlín, alcanzado en la COP1 en 1995.
El Protocolo de Kioto ha sido firmado por 84
partes, aunque sólo lo han ratificado 22 partes (julio de 2000), y según la
mayoría de los científicos del IPCC, incluido Bert Bolin, es un paso
totalmente insuficiente para evitar el cambio climático aún en el caso de
aplicarse de forma estricta, pero incluso este mínimo compromiso se ve
amenazado por los "detalles" de la aplicación y el desarrollo de
algunos instrumentos del protocolo, todavía sin decidir, tras el fracaso de la
6ª Conferencia de las Partes (COP6) en La Haya en noviembre de 2000, como el
mecanismo de desarrollo limpio (CDM) de cooperación de los países
industrializados con los países en desarrollo (artículo 12 del Protocolo), los
sumideros (art. 3.3, 3.4 y 3.7), el intercambio de emisiones, las iniciativas de
aplicación conjunta (Joint Implementation, JI y AIJ) entre países
industrializados (art. 17) y las posibles sanciones por incumplimiento de los
compromisos adquiridos.
El año base se compone de las emisiones de
1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995
de los compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados
(HFC) y hexafluoruro de azufre). Al considerar como año base 1995 para los
gases PFC, HFC y SF6, en vez de 1990, según el artículo 3.8 del
Protocolo de Kioto, las emisiones del año base de los países del Anexo I
aumentan en un 1%, que es uno más de los varios agujeros pensados para
aminorar el esfuerzo doméstico. Los agujeros igualan o superan a las
reducciones requeridas en el marco del protocolo, y podrían permitir a los países
industrializados cumplir sus compromisos sin apenas acciones en sus
propios países.
1.2. COP6
La 6ª Conferencia de las Partes del Convenio
Marco sobre Cambio Climático que tuvo lugar en La Haya (Holanda), entre el 13 y
el 24 de noviembre de 2000, se saldó con un rotundo fracaso, por culpa sobre
todo de Estados Unidos y sus aliados, los gobiernos del grupo de países llamado
paraguas. La COP6 de La Haya debería haber aprobado los principios,
modalidades, reglas y guías de los llamados Mecanismos del Protocolo de Kioto:
el papel de los sumideros, el comercio de emisiones, las iniciativas de aplicación
conjunta (Joint Implementation, JI) y el mecanismo de desarrollo limpio
(CDM). El fracaso de la COP6 es una pésima noticia para todos, y una prueba
palpable de la irresponsabilidad de algunos gobernantes.
Los acuerdos a aprobar eran complejos y difíciles,
y las posiciones de las diversas partes están muy alejadas, por lo que el
fracaso de la negociación no debe sorprender a nadie. Los intereses en juego
son enormes. La industria nuclear pretende incluirla como una alternativa, y las
multinacionales del petróleo y el automóvil tratan de frenar cualquier acuerdo
que vaya contra sus intereses, al igual que los países productores de
combustibles fósiles. EE UU y sus aliados (Japón, Canadá y Australia, entre
otros), quieren agrandar los agujeros, para evitar cualquier reducción
real de las emisiones en sus propios países, y pretenden que los países en
desarrollo se comprometan a reducir sus bajas emisiones, lo que va contra la
equidad, el llamado Mandato de Berlín, y el espíritu y la letra del Protocolo.
Rusia y Ucrania quieren vender el llamado aire caliente a EE UU y otros
países del Anexo I, y están más interesadas por los posibles ingresos que por
el propio cambio climático y sus repercusiones. La Unión Europea tiene, en
general, las posiciones más avanzadas entre los países del Anexo I, gracias a
la presión de la opinión pública europea. Por lo que se refiere a los países
en desarrollo, éstos rechazan cualquier medida que pueda impedir su desarrollo,
ven con preocupación las repercusiones en sus países y en algunos casos tratan
de obtener fuentes adicionales de capital a través del mecanismo de desarrollo
limpio.
La sociedad civil debe movilizarse, pues de
otra manera acabarán prevaleciendo los intereses de las grandes
multinacionales, responsables de buena parte de las emisiones de gases de
invernadero, que ejercen y tienen un gran poder sobre los gobiernos.
Estados Unidos, el gran responsable del fracaso
de la Cumbre del Clima, con sólo el 4,6% de la población mundial, emite el 24%
del CO2 mundial (más de 20 toneladas por habitante y año). Las emisiones de
gases de invernadero en EE UU han aumentado un 21,8% entre 1990 y 1998. El
Protocolo de Kioto obliga a EE UU a reducir sus emisiones en sólo un 7%. Los
gobernantes de EE UU, ya sean los demócratas y sobre todo los republicanos, no
quieren reducir las emisiones domésticas, y pretenden con todo tipo de artimañas
(sumideros, mecanismos de flexibilidad) seguir con su insostenible modo de vida
consumista y despilfarrador, a costa de afectar de forma irreversible al clima
del planeta, y sobre todo a las poblaciones más pobres del Tercer Mundo. Aún más
responsables del fracaso de la COP6 son algunas multinacionales del petróleo y
el automóvil, que son las que realmente dictan la política de EE UU.
Pero a pesar de todo este fracaso no debe
llevar al pesimismo, sino a la acción, redoblando la presión ciudadana sobre
los gobiernos para que adopten las políticas adecuadas para frenar el cambio
climático. De hecho el Protocolo de Kioto es totalmente
La COP1 tuvo lugar en Berlín en 1995, y desde
entonces la COP tiene lugar todos los años. El Convenio Marco sobre Cambio Climático
se aprobó en 1992 en Río de Janeiro, y ha sido firmado y ratificado por 181 países;
el Protocolo de Kioto, que desarrolla el Convenio, se aprobó en 1997.
1.3. Ratificación del Protocolo de Kioto
Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor
debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto sean
responsables del 55% de las emisiones. Dada la mayoría republicana en el
Congreso y en el Senado de EE UU, y su oposición a la ratificación, ésta no
está ni mucho menos asegurada. Estados Unidos, con el 36,1% de las emisiones en
1990 de los países del Anexo I, en la práctica tiene poder de veto, más
cuando cuenta con la complicidad de otros países, como Japón y Australia, e
incluso Rusia (17,4% de la emisiones en 1990).
El CAN, que agrupa a las más importantes
organizaciones ecologistas internacionales (284 ONG con más de 10 millones de
socios en todos los continentes, entre ellas el WWF, FOEI y Greenpeace), ha
solicitado que a más tardar el Protocolo de Kioto entre en vigor en el año
2002, coincidiendo con la Cumbre Río+10.
Lo deseable sería que los objetivos del
compromiso cuantificado de limitación o reducción de las emisiones de los
gases de invernadero de los países del Anexo B del Protocolo se alcanzasen,
sobre todo, merced a políticas domésticas. Varios países, y en especial EE
UU, hacen hincapié en las llamadas medidas o mecanismos de flexibilidad, e
incluso plantean la posibilidad de "tomar prestadas" emisiones
futuras, todo antes de plantearse seriamente programas domésticos de reducción
de emisiones, lo que muy probablemente supondría, entre otras políticas, una
nueva fiscalidad ecológica.
Los procesos futuros de revisión del Protocolo
deben basarse en el trabajo científico del IPCC, y no en los intereses
particulares de unas pocas grandes multinacionales. La COP7 debería realizar la
Tercera Revisión de la Idoneidad de los Compromisos, basándose en el Tercer
Informe del IPCC, y en el artículo 4.2 d del Convenio Marco de Cambio Climático.
La Segunda Revisión de la Idoneidad de los Compromisos debe mostrar que los
objetivos de las Partes del Anexo I son completamente insuficientes. El fin del
Convenio y el Protocolo es evitar un cambio climático de proporciones
desastrosas, y a tal fin deberán revisarse los más que modestos objetivos
alcanzados en Kioto. Porque aún cumpliendo los objetivos del Protocolo sin
valerse de los agujeros, éstos son totalmente insuficientes.
Según el CAN, para evitar que el cambio climático
alcance límites peligrosos, hacen falta dos condiciones:
A. Un presupuesto del carbono con bases científicas.
¿Cuánto más CO2 se puede emitir?
B. Un sistema de distribución que reparta
equitativamente las emisiones de CO2 entre todos los países.
Ambas condiciones requieren tanto una sólida
base científica como un consenso político. La COP5 de Bonn fue una oportunidad
perdida. El comercio de emisiones carece de toda equidad, al permitir emitir más
gases de invernadero a los países más ricos y auténticos responsables de la
situación actual.
Los mecanismos de flexibilidad sólo serán una
opción válida si benefician al medio ambiente, se basan en estudios rigurosos,
promueven la eficiencia energética y las energías renovables, no van contra la
equidad y si son transparentes y verificables por entidades independientes, y no
meros agujeros para que los mayores emisores por habitante contaminen aún
más.
1.4. Intercambio de emisiones y las
iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI)
La Unión Europea, según la Agencia Europea
del Medio Ambiente (AEMA), no logrará cumplir los compromisos adquiridos en
Kioto, pues las emisiones aumentarán un 6% entre 1990 y 2010, y no se recortarán
el 8%. Según la AEMA entre 1990 y 1996 la UE en su conjunto sólo redujo sus
emisiones de CO2 en un 1%, pero tal cifra palidece ante el enorme
aumento del 27% registrado en España entre 1990 y 1999, que en el sector energético
llegan al 31%.
Para el conjunto de los países del Anexo B de
la OCDE se prevé que las emisiones crezcan un 16% entre 1999 y 2010, mientras
que Rusia, Ucrania y los países del antiguo bloque oriental disminuirán sus
emisiones en un 12% para el 2010 respecto a 1990. Estas previsiones significan
que los países de la OCDE deberán reducir sus emisiones anualmente en 770
millones de toneladas de carbono equivalente, mientras que el antiguo bloque
soviético tendrá un exceso anual de 150 millones de toneladas de carbono en el
año 2010, lo que se conoce como "aire caliente" (hot air),
regulado por el artículo 17 del protocolo de Kioto.
Los llamados agujeros hoy en proceso de
negociación permitirán a los países de la OCDE comprar los 150 millones de
toneladas de carbono equivalente de "aire caliente" (hot air),
cifra igual al 4,3% de las emisiones de 1990 de la OCDE. Junto con otros agujeros,
el esfuerzo que deberían hacer los países de la OCDE para cumplir sus
compromisos quedaría limitado a 530 millones de toneladas de carbono anuales.
Si se tienen en cuenta la totalidad de los agujeros en curso de negociación,
podría darse la paradoja de que los países de la OCDE no tuviesen que realizar
ningún esfuerzo doméstico de reducción de emisiones, e incluso podrían
aumentarlas en un 15%.
Un requisito mínimo para que a un país se le
permita adquirir o transferir partes de las cantidades asignadas es que cumpla
los artículos 5 y 7 del Protocolo (un sistema fiable de contabilidad de las
emisiones de todos los gases de invernadero), y que lo haya ratificado. Sólo
los proyectos ambientalmente sostenibles, en conformidad con el artículo 4.5
del Convenio y el Artículo 2.1 (iv) del Protocolo, deben ser admitidos, excluyendo
a la energía nuclear, el carbón y las grandes centrales hidroeléctricas.
En general se debe dar prioridad a los proyectos a pequeña escala de energías
renovables sobre los basados en el gas natural (centrales de ciclo combinado).
Los créditos de CO2 deben calcularse teniendo en cuenta la reducción
de las emisiones por unidad de energía producida. Se debe cobrar una pequeña
cantidad por toda transacción en el marco del Protocolo para ayudar a evitar la
desventaja competitiva del mecanismo de desarrollo limpio, así como para
promover los proyectos en los países menos desarrollados del Anexo B.
Tanto o más importante es definir
rigurosamente, cuantificar y verificar el papel "complementario" del
comercio de emisiones y de las iniciativas de aplicación conjunta, continuación
de un programa piloto, poniendo un tope máximo al uso de los mecanismos de
flexibilidad. Se debe evitar en todo caso que las emisiones totales no superen a
las que se habrían producido en caso de no existir los mecanismos de
flexibilidad.
Los proyectos JI (Joint Implementation),
a los que se refiere el artículo 6 del Protocolo, deben cumplir los mismos
requisitos que el CDM, y se debe asegurar el acceso a la información sobre sus
fines y resultados, así como algún mecanismo sancionador para los
incumplimientos. En teoría la JI es una forma más económica de reducir las
emisiones dentro del conjunto de los países del Anexo I, pues es evidente que
ciertos países (y empresas) pueden reducir sus emisiones de forma más económica
que otros. La suma total de las cantidades de emisiones evitadas o
intercambiadas entre los países del Anexo I es cero, a diferencia del CDM. Los
proyectos deben cumplir la cláusula de adicionalidad: sólo cuentan las
reducciones de emisiones que son adicionales a las que se habrían
alcanzado de no existir los proyectos, ya sean en el marco de la JI (países del
Anexo I, suma cero) o del CDM (entre países del Anexo I, que se adjudican las
emisiones evitadas, y los que no lo son, normalmente del mundo en desarrollo,
sin ningún compromiso de frenar sus emisiones). En el marco del artículo 6 los
proyectos de la JI emplean las llamadas Unidades de Reducción de Emisiones
(ERUs en inglés), mientras que el CDM emplea los Certificados de Reducción de
Emisiones (CERs). Además la financiación de los proyectos también debe ser adicional.
Hoy no hay ningún acuerdo internacional sobre los métodos para determinar la adicionalidad.
1.5. Sumideros
Los artículos 3.3 y 3.4 del Protocolo de Kioto
regulan el papel de los sumideros, la forestación, reforestación y deforestación
y los cambios del uso de la tierra (LULUCF en inglés). Estas actividades son
tanto fuentes de emisión como de sumideros de los gases de invernadero, y
tienen un importante y complejo papel en el clima y en la equidad social. Cada
tonelada de dióxido de carbono (CO2) absorbida por los bosques
permitiría emitir otra tonelada adicional de CO2. Según el criterio
que se adopte tras el fracaso de la COP6 (6ª Conferencia de las Partes), los
sumideros absorberían de 30 a 200 millones de toneladas de carbono, lo que
reduciría el esfuerzo de la OCDE de 500 a 330 millones. El concepto de
sumideros se presta a todo tipo de interpretaciones, y algunas podrían afectar
negativamente a la diversidad biológica, y otras podrían tener un efecto más
que dudoso en la absorción de carbono. Se debe prohibir la sustitución de los
bosques naturales, viejos y/o autóctonos por plantaciones que tengan
como fin actuar de sumideros del carbono atmosférico, en el marco de proyectos
de la JI, el CDM o el cumplimiento de las obligaciones de los países del Anexo
B.
Muchos países, así como el CAN, proponen
excluir las actividades adicionales relacionadas con los sumideros (artículo
3.4) en el primer periodo de compromisos (1990-2010), y sobre todo deben ser
excluidos del CDM, pues el artículo 12 del Protocolo habla claramente sólo de
reducción de emisiones. El papel de los sumideros, y su inclusión en los
mecanismos de flexibilidad, es más que discutible, porque un incendio forestal
de una plantación de eucaliptos, por poner un ejemplo, liberaría todo el
carbono acumulado, y por lo tanto sus beneficios en término de reducción de
emisiones no siempre están claros, por no hablar de otros problemas
(comunidades locales, biodiversidad, ciclo hidrológico), o las posibilidades
que se abren a todo tipo de fraudes de superficies plantadas o carbono retirado.
Las actividades forestales y de cambios de uso
de la tierra no deben degradar ni destruir ecosistemas, y deben tener en cuenta
a otros convenios internacionales, como el de Diversidad Biológica, de Zonas Húmedas
y Desertificación.
1.6. Mecanismo de desarrollo limpio (CDM)
El llamado "mecanismo de desarrollo
limpio" (CDM en inglés) permitirá a los países industrializados
disminuir sus esfuerzos domésticos de reducción de emisiones merced a las
actividades realizadas en los países en desarrollo. El artículo 12 del
Protocolo de Kioto define las características del mecanismo de desarrollo
limpio, cuyo propósito declarado es "ayudar a las Partes no incluidas en
el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de
la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar
cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las
emisiones".
El CDM se originó a partir de una propuesta de
Brasil en la COP3, y en teoría podía beneficiar tanto a los países
industrializados del Anexo I, que podrían cumplir sus compromisos con un coste
menor, como a los países en desarrollo, que obtendrían financiación, en teoría
adicional, para proyectos que contribuyen a aumentar la eficiencia energética y
la participación de las energías renovables.
El mecanismo de desarrollo limpio podría, y
debería, servir para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un
desarrollo sostenible con equidad, dando prioridad a la mejora de la eficiencia
energética, a las energías renovables y al transporte colectivo. Sin embargo,
algunos países proponen incluir la energía nuclear, el carbón
"limpio", las grandes centrales hidroeléctricas y los sumideros, como
las plantaciones de eucaliptos, lo que según el CAN va en contra de la equidad
y la sostenibilidad. El 10% de los fondos del CDM se debe destinar a proyectos
de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo más
vulnerables, como los pertenecientes a la "Alianza de Pequeñas Islas
Estados" (AOSIS en inglés), que en algunos casos incluso podrían
desaparecer a causa de la subida del nivel del mar. La financiación de los
proyectos de adaptación se basa en le principio de que el que contamina,
paga, y los países del Anexo I son los causantes de gran parte de la
contaminación.
El mercado potencial de emisiones en el marco
del "mecanismo de desarrollo limpio" es enorme, y se habla incluso de
cientos de millones de toneladas anuales de carbono, aún sin incluir las
actividades forestales y de cambios de uso del suelo, los llamados sumideros.
Actualmente se habla de unos 200 millones de toneladas anuales de carbono, lo
que, junto con otros mecanismos, reduciría el esfuerzo doméstico de los países
de la OCDE a poco más de 100 millones de toneladas anuales de carbono para el año
2010. Pero si se permite incluir los proyectos forestales en el CDM, los créditos
disponibles podrían llegar a unos 700 millones de toneladas anuales de carbono,
lo que haría innecesario cualquier esfuerzo doméstico de reducción de las
emisiones de gases de invernadero en los países industrializados.
Los proyectos CDM deben tomar en consideración
las realidades culturales, sociales y ambientales de los países implicados, y
deberían contribuir a la sostenibilidad y a la reducción de las amenazas del
cambio climático. El CDM abre un gran agujero potencial en el Protocolo,
al permitir que los países del Anexo B del Protocolo no reduzcan sus emisiones
domésticas, pero también plantea posibilidades interesantes para los países
en desarrollo y para las energías renovables y otras tecnologías sostenibles.
El CDM permite a los países industrializados
del Anexo B reducir sus compromisos de reducción de emisiones, pero no obliga a
nada a los países en desarrollo o no pertenecientes al Anexo B, por lo que su
impacto en las emisiones totales es más que discutible, al no haber ninguna
"adicionalidad" sobre lo que habría ocurrido sin el CDM, siendo el único
mecanismo de flexibilidad que abre tal posibilidad.
Antes de que comience a funcionar, las Partes
deben establecer unos criterios claros y un organismo fuerte que regule todo el
proceso, y se debe exigir la ratificación del Protocolo de Kioto como un
prerrequisito básico para que un país pueda participar en el CDM, ya sea
comprando o vendiendo Certificados de Reducción de Emisiones (CERs en inglés).
También se debe poner un tope o un límite a los CERs, cuanto más bajo mejor,
evitando que sirva para que los países ricos no hagan sus tareas, reduciendo
sus emisiones, pues al fin y al cabo este es el objetivo de EE UU y otros países
del Anexo B del Protocolo. Se debe establecer un registro internacional de todas
las transacciones de CERs, evitando los posibles fraudes, y una clara metodología
contable. Todos los proyectos CDM deben ser descritos en los informes
nacionales, y sólo se deben contabilizar una vez realizados, y no antes, pues
un proyecto puede fracasar, y no se obtendría ninguna reducción de las
emisiones. Entre los muchos puntos objeto de debate están la inclusión en el
CDM de los biocombustibles, y sobre todo los sumideros.
No obstante, un desarrollo adecuado del CDM
podría tener grandes efectos beneficiosos, aprovechando las vías que abre el
artículo 12 del Protocolo. ¿Qué hace falta? Control, transparencia,
participación y beneficio para las comunidades locales, transferencia de las
tecnologías realmente sostenibles, y adaptación de éstas a los países en
desarrollo, sirviendo también, y sobre todo, a los 2.000 millones de pobres de
las zonas rurales que carecen de electricidad y otros servicios energéticos.
Una propuesta interesante es crear un proceso
de certificación de los proyectos CDM, y de "certificación de los
certificadores", para asegurarse de sus beneficios sociales, ambientales y
económicos. La energía nuclear, el llamado "carbón limpio" y las
grandes centrales hidroeléctricas no son sostenibles ni deben entrar bajo ningún
concepto en el CDM, pues entre otras cosas van contra el espíritu y la letra
del artículo 12 del Protocolo.
1.7. Transporte aéreo y marítimo
internacional
Otro de los agujeros del Protocolo de Kioto es
la exclusión de las emisiones ocasionadas por el transporte aéreo y marítimo
internacional, los llamados bunkers, lo que supondrá emitir a la atmósfera
otros 90 millones de toneladas anuales de carbono en el año 2010 respecto al año
base de 1990. Entre 1990 y 1995 las emisiones de estos dos sectores han
aumentado en un 10%.
Según el IPCC la aviación representa el 3,5%
de las emisiones de gases de invernadero en la actualidad, y dentro de unas décadas
llegará al 11%. Los aviones supersónicos consumen el doble de energía por
pasajero kilómetro que los subsónicos, aunque su impacto en los gases de
invernadero es cinco veces mayor. El transporte aéreo y marítimo debe ser
incluido, tal como recomienda el IPCC, en los inventarios nacionales, sujetos a
objetivos de reducción.
1.8. Energía nuclear
La industria nuclear trata de aferrarse al
Protocolo de Kioto y a dos de sus mecanismos, la JI y el CDM, como a una tabla
de salvación para un sector en declive y sin futuro. La energía nuclear no es
ninguna solución al cambio climático y es totalmente incompatible con la
sostenibilidad, a causa de la producción de residuos radiactivos, los problemas
de seguridad y proliferación, y los costes económicos, entre otros muchos
factores. Algunos países, como EE UU, Canadá, Japón, Francia, Australia,
Nueva Zelanda y Reino Unido, están presionando para incluir a la energía
nuclear dentro del CDM, lo que es inaceptable para la práctica totalidad de las
ONG y buena parte de los países, tanto del Anexo I, como del mundo en
desarrollo.
La COP7 debe determinar con toda claridad que sólo
la eficiencia energética y las energías renovables son la solución sostenible
y fiable al cambio climático, elaborando una lista de tecnologías sostenibles,
y descartando con toda rotundidad a la energía nuclear.
1.9. Instituciones financieras
internacionales
El Banco Mundial y el Banco Europeo de
Desarrollo tratan de jugar un papel importante en el desarrollo de la JI y el
CDM. A estas dos instituciones y a otras instituciones financieras
internacionales, tanto públicas como privadas, multilaterales como bilaterales,
se les debe exigir mayor transparencia y control sobre sus actividades, que en
muchos casos, o casi siempre, contribuyen a financiar proyectos que aumentan las
emisiones de gases de invernadero, y minan los objetivos del protocolo de Kioto.
Los mecanismos financieros se deben clarificar, y debe haber fondos adicionales
para el CDM. Poco se habrá avanzado si los fondos proceden de la actual ayuda
oficial al desarrollo (AOD). Sería vestir un santo a costa de desnudar a otro.
1.10. Cumplimiento
Una vez que el Protocolo entre en vigor, lo que
aún está por ver, queda por resolver una cuestión clave: ¿Qué pasa en caso
de un más que probable incumplimiento por algunos de los países del Anexo I?
Para que un Protocolo tenga alguna fuerza, debe contar con mecanismos y órganos
para juzgar, sancionar y penalizar a las Partes que no cumplen sus compromisos,
y esas sanciones deben ser fundamentalmente económicas. Debería establecerse
alguna penalización, cuanto mayor mejor, y destinar los fondos a proyectos de
eficiencia energética y energías renovables, fundamentalmente en los países más
pobres.
1.11. Programa de Educación Ciudadana
Los gobiernos solos no pueden resolver el grave
problema del cambio climático. Las campañas ciudadanas deben aumentar la
conciencia de la opinión pública sobre este grave problema, contribuyendo a
comprender las políticas a desarrollar, y participando en ellas. Sin un aumento
de la presión de la opinión pública nacional e internacional, el cambio climático
no tiene solución. El ciudadano seguirá utilizando su automóvil, protestará
por las subidas de los precios de los combustibles, seguirá despilfarrando
energía y será fácil presa de las campañas de intoxicación de las grandes
empresas afectadas por los intentos de reducir las emisiones de gases de
invernadero.
El propio Protocolo de Kioto, en su artículo
10.e, se refiere a ellas, pero hasta ahora poco o nada se ha hecho al respecto.
Sin la presión ciudadana y el importante papel
de los medios de comunicación, no se forzará a las partes más reticentes a
aceptar compromisos que supongan un paso importante para frenar el cambio climático
y avanzar hacia la sostenibilidad. El cambio climático afecta a todos, y su
solución no sólo corresponde a los gobiernos.
1.12 Evolución de las emisiones de gases de
invernadero en los países industrializados (Anexo I) entre 1990 y 1998
País: España
Objetivo de Kioto (2008-2012): +15%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +23,2%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 276,5
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 340,6
Comentario: Las emisiones en unidades de dióxido
de carbono (CO2) equivalente, considerando los seis gases de efecto
invernadero, han aumentado en un 26,8% en España entre 1990 (año base) y 1999,
cifra que casi duplica al 15% al que se ha comprometido el gobierno de España
en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por
considerarlo excesivo. La supuesta Estrategia del gobierno no pasa de una mera
enumeración de varios planes sectoriales del gobierno. Las emisiones en España
han aumentado más que en EE UU, Japón, y en la práctica totalidad de los países
industrializados. De los 37 países industrializados afectados por el Protocolo
de Kioto, sólo nos han superado en aumento de la contaminación Finlandia
(+29,6%), Mónaco (+28,4%) y Suecia (+31,8%).
País: Estados Unidos
Objetivo de Kioto (2008-2012): -7%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +21,8%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 4.888,8
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 5.953,9
Comentario: Estados Unidos es el país que más
dificultades ha creado, el tipo malo de esta película planetaria, imponiendo
los mecanismos de flexibilidad, para no reducir sus emisiones, y tratando de
obligar a que algunos países del Tercer Mundo asuman compromisos de reducción,
algo que va contra el espíritu y la letra del Protocolo. Dada la mayoría
republicana en el Congreso y en el Senado, es muy improbable que EE UU ratifique
el Protocolo de Kioto. Si al final se impone George W. Bush como presidente del
mayor contaminador mundial, la situación se agravaría aún más. No obstante más
del 75% de la población estadounidense quiere ratificar el Protocolo de Kioto y
desea actuar para frenar el cambio climático.
País: Japón
Objetivo de Kioto (2008-2012): -6%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +8,5%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 1.129,4
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 1.225,8 (1997)
Comentario: Japón defiende la inclusión de
los sumideros y en general sus posiciones son afines a las de EE UU.
País: Australia
Objetivo de Kioto (2008-2012): +8
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +5,4%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 493,3
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 519,9
Comentario: Es uno de los mayores emisores por
habitante. Sus posiciones son próximas a las de EE UU. Es uno de los grandes
exportadores mundiales de carbón. Pretende evitar cualquier política doméstica
sirviéndose de los sumideros (bosques, usos del suelo).
País: Canadá
Objetivo de Kioto (2008-2012): -6%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +17,1%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 572,6
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 670,4
Comentario: Próximo a las posiciones de EE UU.
Pretende evitar cualquier política doméstica sirviéndose de los sumideros
(bosques, usos del suelo).
País: Nueva Zelanda
Objetivo de Kioto (2008-2012): 0%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +4,8%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 51,5
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 53,9
Comentario: Próximo a EE UU. Defiende la
reducción del esfuerzo doméstico utilizando los mecanismos de flexibilidad.
País: Rusia
Objetivo de Kioto (2008-2012): 0%
Porcentaje de variación de las emisiones entre
1990 y 1998: -57,6%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 2.648,1
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 1.122,4 (1996)
Comentario: Quiere vender las emisiones sobrantes
(aire caliente) a EE UU y a otros países industrializados del Anexo I.
También puede verse beneficiado por la JI (iniciativas de aplicación
conjunta).
País: Ucrania
Objetivo de Kioto (2008-2012): 0%
Porcentaje de variación de las emisiones entre
1990 y 1998: -55,5%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 867,1
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 386,2
Comentario: Al igual que Rusia y otros países
del antiguo bloque oriental quiere vender las emisiones sobrantes (aire
caliente) a EE UU y a otros países industrializados del Anexo I. También
puede verse beneficiado por la JI (iniciativas de aplicación conjunta). En
igual o parecida situación están Bulgaria (reducción de sus emisiones en un
48,8%), la República Checa (-23,2%), Estonia (-37,4), Hungría (-19,6%),
Polonia (-29,6%), Letonia (-96%), Lituania (-26,1), Rumania (-39,9%), Eslovaquia
(-30,8%), y Eslovenia (sin datos fiables).
País: Alemania
Objetivo de Kioto (2008-2012): -21%
Porcentaje de variación de las emisiones entre
1990 y 1998: -16,1%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 1.175,1
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 986,3
Comentario: El hundimiento de la antigua
Alemania Oriental ha permitido unas importantes reducciones. Es uno de los países
más avanzados, a nivel mundial y en el seno de la Unión Europea, en el
desarrollo de políticas para mitigar el cambio climático.
País: Reino Unido
Objetivo de Kioto (2008-2012): -12,5%
Porcentaje de variación de las emisiones entre
1990 y 1998:-8,9%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 762,7
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 694,8
Comentario: La sustitución de las centrales
termoeléctricas de carbón por gas natural ha permitido al Reino Unido unas
importantes reducciones.
País: Francia
Objetivo de Kioto (2008-2012): 0%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +1,1%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 494,2
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 488,9
Comentario: Es uno de los mayores defensores de
las centrales nucleares y de su inclusión en el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
El negocio es el negocio.
País: Italia
Objetivo de Kioto (2008-2012): -6,5%
Porcentaje de aumento de las emisiones entre
1990 y 1998: +5,1%
Emisiones de gases de invernadero en 1990 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 492,9
Emisiones de gases de invernadero en 1998 en
millones de toneladas de CO2 equivalente: 517,9
Comentario: Carece de centrales nucleares.
Comienza a tomarse en serio el desarrollo de políticas para frenar el cambio
climático.
Otros países de la Unión Europea: Austria
aumentó sus emisiones en un 9,7%, Bélgica en un 7,4%, Dinamarca en un 9,5%,
Finlandia en un 29,6%, Grecia en un 18%, Irlanda un 18,1%, Holanda un 8,4%,
Portugal un 17,3% y Suecia un 31,8%. Luxemburgo disminuyó sus emisiones en un
24,5%.
Otros países industrializados: Islandia
aumentó sus emisiones en un 4,7% y Mónaco un 28,4%. Las emisiones disminuyeron
en Noruega (-9,4%) y Suiza (-2,2%). No hay datos sobre Liechtenstein.
Conclusión: Los países
industrializados llegan a la Sexta Conferencia de Cambio Climático sin haber
hecho los deberes, salvo algunas excepciones, y sin tomarse en serio el grave
problema del cambio climático. Es hora de actuar y de reducir las emisiones de
gases de invernadero, con medidas que aumentan la eficiencia energética, el uso
del transporte colectivo y la penetración de las energías renovables. Los
mecanismos de flexibilidad y los sumideros no pueden ni deben convertirse en un
inmenso agujero para no reducir las emisiones de los gases que
contribuyen al cambio climático.
2. [...]
3. Políticas para el cambio climático
3.1. De Kioto a La Haya
Tras la Cumbre del Clima de Kioto y el fracaso
de la COP6 en La Haya es necesario reducir de las emisiones de gases de
invernadero, incluso de forma unilateral, ratificando el Protocolo de Kioto y
aumentando la eficiencia energética, desarrollando las energías renovables,
mejorando el transporte público y el ferrocarril y reduciendo la deforestación.
El año 1998 fue el más caluroso del siglo, y
todo apunta a que ya se está produciendo un cambio climático inducido por las
actividades humanas, especialmente por el consumo energético de combustibles fósiles
y la deforestación. Frente al calentamiento global, la Conferencia sobre el Cambio
Climático, celebrada en Kioto en diciembre de 1997, se saldó con un protocolo
totalmente insuficiente, pues sólo contempla una reducción del 5,2 por ciento
para el conjunto de los gases de invernadero en los países industrializados y
los agujeros le restan mucha eficacia. Al considerar la suma de seis
gases, las emisiones de CO2 pueden aumentar mucho cumpliendo
formalmente el protocolo; la inclusión de los sumideros abre la puerta a todo
tipo de fraudes y el mercado de emisiones permite que los países más ricos no
reduzcan sus propias emisiones. Lo más positivo del nuevo Protocolo de Kioto es
que fue primer paso para su próxima reforma, a medida que se perciban las gravísimas
consecuencias económicas, ambientales y sociales de no actuar.
La principal responsabilidad de no haber
alcanzado el protocolo que se necesita, y de que este no haya sido ratificado,
recae en EE UU, Japón y Australia, cuyos gobiernos se han plegado a la presión
de las grandes multinacionales del petróleo, el carbón y el automóvil, pero
también en alguna medida al gobierno español, al imponer la diferenciación
en el seno de la burbuja de la Unión Europea. La diferenciación
reclamada por España ha servido para que otros países industrializados
reclamen igual tratamiento. El gobierno español se niega a reducir las
emisiones de gases de invernadero en España. Las emisiones por habitante de CO2
en España en 1999 (6 toneladas) fueron superiores en un 50% a la media mundial
(4 toneladas).
La cumbre de La Haya en noviembre de 2000 debería
haber servido para mejorar los acuerdos alcanzados en Kioto, con una mayor
reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de invernadero para
el año 2010 respecto a las de 1990, en los países industrializados. El
objetivo inmediato debe ser ratificar cuanto antes el Protocolo de Kioto.
Los objetivos deberían ser obligatorios y para
cada uno de los gases de invernadero, dando prioridad al CO2, en términos
absolutos y no por habitante, y sin incluir los sumideros (océanos o bosques).
Establecer una fecha temprana, como el 2010, es esencial para adoptar medidas
eficaces y que surtan rápido efecto sobre todos los gases de invernadero: CO2,
metano, óxido nitroso, perfluorocarbonados (PFC), compuestos halocarburos (HFC)
y hexafluoruro de azufre.
Igualmente necesario es la inclusión de las
emisiones del transporte aéreo y marítimo internacional. Las Partes no deben
tratar de imponer un sistema de mercado de emisiones, y aún menos las llamadas
iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI) con países
no industrializados. El posible acuerdo por el que EE UU compraría a Rusia el
derecho a emitir más dióxido de carbono es totalmente inaceptable, pues
permitiría que el mayor contaminador del mundo siguiese aumentando sus
emisiones, gracias a la crisis de la antigua URSS.
Los países industrializados deben establecer
planes claros para reducir las emisiones, incluyendo instrumentos fiscales
(impuestos sobre las energías no renovables, incentivos a las renovables y a la
eficiencia), supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y los
presupuestos para llevarlos a cabo. Entre otras medidas se deben reducir los
incendios forestales y la emisión de gases de invernadero, como el metano y el
óxido nitroso, así como la producción y consumo de cemento, una de las
principales fuentes de emisión de CO2, agravada por la construcción
de autovías, carreteras y otras infraestructuras. Cada tonelada de cemento
consumida causa la emisión de 498 kilogramos de CO2. Una política
de repoblaciones forestales con especies autóctonas, en las zonas adecuadas,
retiraría de la atmósfera grandes cantidades de CO2, frenaría la
erosión, las inundaciones y las sequías, dado el efecto esponja de los
bosques. Pero los bosques y los mares, aún actuando como sumideros, son
incapaces de retirar la cantidad actual de CO2 emitida anualmente.
La reducción del consumo de carne, del empleo
de fertilizantes, de las fugas de metano en la minería de carbón y en la red
de gasoductos, y de la cantidad de residuos, y una política forestal que
reduzca la superficie afectada por incendios forestales, permitirá cumplir los
objetivos de reducción de CH4 y N2O. La fabricación de
nailon y la de ácido nítrico son responsables de gran parte de las emisiones
antropogénicas de óxido nitroso. La eliminación de los HFC no plantea ningún
problema, pues hay alternativas viables. La reducción de la generación de
residuos, el reciclaje, la prohibición de la incineración y el aprovechamiento
del metano de los vertederos, son algunas de las medidas de una política de
residuos adaptada al cambio climático.
3.2. Ante el cambio climático, reducción
del CO2 y otros gases de invernadero
El gobierno español no tiene ningún plan
serio y digno de tal nombre para cumplir los compromisos adquiridos con la firma
del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos
que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010.
El Plan Energético Alternativo ENERGÍA 2010
pretende ofrecer una alternativa viable y sostenible para afrontar los grandes
desafíos sociales y ambientales. Los objetivos, a conseguir gradualmente para
el horizonte del año 2010, son los siguientes:
A.-Conseguir que las emisiones de CO2
del sector energético no aumenten más del 15% para el año 2010, respecto a
1990, como primer paso para una reducción ulterior del 60% en el año 2030. Tal
objetivo es totalmente insuficiente, pero dado que en 1999 las emisiones habían
crecido un 30%,, en la práctica supone reducir en cerca de un 15% las emisiones
actuales.
B.-Cierre de las centrales nucleares existentes
en el horizonte del año 2010, estableciendo planes de desarrollo económico que
mantengan el empleo en las zonas en que se encuentran situadas.
C.-Aumento de la eficiencia energética,
proporcionando mayores servicios con un menor consumo energético.
D.-Desarrollo de las energías renovables,
especialmente la eólica y la solar directa.
E.-Mayor penetración del gas natural como
energía de transición hacia un sistema basado en las energías renovables.
F.-La reconversión del sistema energético
debe servir para aumentar el nivel tecnológico, la equidad y la creación del
mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el impacto
ambiental. Para ello se debe acometer una reforma fiscal ecológica que grave la
emisión de sustancias contaminantes y/o que contribuyen al cambio climático, y
que combinen el palo (impuestos, normas) con la zanahoria (subvenciones,
desgravaciones fiscales).
El fin es la elaboración de una propuesta de
política energética alternativa a la actual (¿pero existe alguna?), creíble,
posible y necesaria.
3.3. Necesidad de un cambio de rumbo
En 1999 el consumo mundial de energía llegó a
10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep): 2.146 Mtep de
carbón, 3.200 Mtep de petróleo, 2.301 Mtep de gas natural (20,1%), 607 Mtep de
nuclear, 220 Mtep de hidroeléctrica y cerca de 1.500 Mtep de biomasa (14%),
fundamentalmente leña, y pequeñas cantidades de geotermia, solar y eólica
(menos del 2%). La producción, transformación y consumo final de tal cantidad
de energía es la causa principal de la degradación ambiental. El consumo está
muy desigualmente repartido, pues los países del Norte, con el 25% de la
población mundial, consumen el 66% de la energía, factor este último a tener
en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis ambiental causada
por la energía.
En España en 1999 el consumo de energía
primaria ascendió a 119,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo
(incluidas la biomasa, la eólica y la solar directa). La producción,
transformación y uso final de tal cantidad de energía también en España es
la causa principal de la degradación ambiental:
-9 centrales nucleares en funcionamiento y una
cerrada definitivamente, y un grave problema de residuos radiactivos,
-cerca de un millar de embalses han anegado de
forma irreversible 3.000 kilómetros cuadrados,
-en 1998 las emisiones del sector energético
ascendieron a 247,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, a 232.403
toneladas de metano, 18.821 toneladas de óxidos de dinitrógeno, a 1.573.470
toneladas de dióxido de azufre, 3,08 millones de monóxido de carbono y a 1,26
millones de toneladas de óxidos de nitrógeno.
-la minería a cielo abierto de carbón ha
destruido de forma irreversible más de 100.000 hectáreas de suelo en León, A
Coruña y Teruel. La silicosis afecta a la gran mayoría de los mineros. El
lavado de carbón ha contaminado numerosos ríos.
La grave crisis ambiental, el agotamiento de
los recursos y los desequilibrios entre el Norte y el Sur, son factores que
obligan a acometer una nueva política energética. A corto plazo la prioridad
es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene unos límites económicos
y termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo el desarrollo de las
energías renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro, como son
el efecto invernadero, los residuos nucleares y las desigualdades Norte-Sur.
La energía nuclear de fisión es cara,
peligrosa, contaminante, contribuye a la proliferación nuclear, no es una
alternativa real al cambio climático y crea uno de los mayores problemas
ambientales: los residuos radiactivos. La energía nuclear es desde todos los
puntos de vista la peor de las fuentes de energía. La fusión nuclear ni es
alternativa, ni limpia, al producir tritio así como otros productos
radiactivos, y puede contribuir a la carrera de armamentos. Los vastos recursos
y medios hoy destinados a la investigación de la fusión y de la fisión, deberían
emplearse en energías renovables y en eficiencia.
Al ritmo actual de extracción, las reservas
estimadas (no sólo las conocidas o rentables en este momento) de carbón durarán
1.500 años, las de gas natural 120 y las de petróleo no menos de 60 años. La
mejora de las tecnologías de extracción incrementará la duración de las
reservas, al acceder a las zonas marítimas profundas. No existe un problema de
agotamiento de los combustibles fósiles en un horizonte inmediato, aunque el
consumo actual es 100.000 veces más rápido que su velocidad de formación; la
verdadera cuestión es la de los sumideros, especialmente la atmósfera, en la
que se acumula el dióxido de carbono y otros gases de invernadero, con el
subsiguiente calentamiento de la atmósfera.
El impacto de la demanda de electricidad sobre
el medio ambiente (más de 13.000 TWh en todo el mundo y 208 TWh en España en
1999) en parte puede ser evitado con una política de decidido aumento de la
eficiencia energética, de supresión de las subvenciones o de las tarifas
artificialmente bajas, como en el caso del aluminio u otros productos intensivos
en electricidad, y buscando las alternativas con menor impacto.
La mayoría de las organizaciones ecologistas,
algunos sindicatos y gran parte de la comunidad científica, propone la
estabilización de las emisiones de CO2 cuanto antes en los niveles
de emisión de 1990 y la reducción posterior (60% para el 2030). También es
necesaria la prohibición inmediata de la producción y consumo de los CFC,
HCFC, HFC y bromuro de metilo. Por lo que se refiere al metano (CH4),
para el año 2010 las emisiones antropogénicas se han de reducir en un 20%
respecto a 1990, y las de óxido nitroso (N20) en un 20% para el año
2010 y un 50% para el año 2030, respecto al año 1990. La reducción de la
emisión de otras sustancias contaminantes, como el monóxido de carbono (CO) y
los óxidos de nitrógeno (NOx), disminuirá la cantidad de ozono
troposférico (gas de invernadero) y permitirá que el principal sumidero del
metano, la reacción con el radical hidroxilo OH en la troposfera (el OH
reacciona con el CO), destruya la mayor parte de las emisiones de metano. El dióxido
de azufre (SO2) frena el calentamiento (y es una de las causas de que
el aumento de las temperaturas apenas se haya percibido), pero dados sus efectos
perjudiciales (lluvias ácidas), es necesario disminuir las emisiones.
Según los datos del MIMAM, los bosques sólo retiran
29,2 millones de toneladas de CO2. España emitió en 1990 un total
de 226 millones de toneladas de dióxido de carbono (5,8 toneladas de C02
por habitante y año, 1,6 toneladas de carbono por habitante), 1,65 millones de
toneladas de CH4 y 133.019 toneladas de N2O, según los
datos del Ministerio de Medio Ambiente, aplicando el método IPCC/OCDE. Los
cuadros 1 y 2 muestran las emisiones de gases de invernadero en España en 1990.
Entre 1990 y 1999 las emisiones de CO2
han aumentado un 29%, y todo apunta a un crecimiento posterior, a no ser que
cambie la política energética, forestal, de transportes y de residuos, entre
otras actuaciones sectoriales, con influencia en las emisiones de gases de
invernadero. La Administración española no ha acometido ninguna actuación
seria para frenar las emisiones de gases de invernadero.
Dadas las consecuencias del cambio climático
en España, cabría esperar una política beligerante por parte de la
Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir la mayor de las
indiferencias, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el
derecho a contaminar más.
Los residuos emitieron en España en 1990 un
total de 992.428 toneladas de CO2 y 490.742 toneladas de CH4.
Tales cifras no incluyen los residuos agrícolas, ganaderos y forestales. La
reducción de la producción de residuos, el reciclaje, la prohibición de la
incineración y el aprovechamiento del metano, son algunas de las medidas de una
política de residuos adaptada al cambio climático.
3.4. Plan alternativo
El cuadro 2 muestra el consumo real de energía
primaria en España en 1990 (año de referencia para la Convención sobre el
Cambio Climático) y en 1999, en miles de toneladas equivalentes de petróleo
(ktep), y el consumo de energía primaria propuesto para el año 2010. El cuadro
3 resumen las propuestas para el sector eléctrico, con dos premisas: el
abandono de la energía nuclear en el horizonte del año 2010, y un crecimiento
de las emisiones de CO2 en un 15% para el año 2010 respecto al año
base de 1990, manteniendo la producción de carbón nacional, tal como establece
el Plan 1998-2005 firmado entre los sindicatos y el gobierno. Para alcanzar
tales objetivos es necesario aumentar la eficiencia energética, reducir los
consumos energéticos más despilfarradores, cambiar los modelos de consumo y
aumentar la participación de las energías renovables.
La sociedad civil, los sindicatos y los
movimientos sociales necesitan abrir un debate sobre el cambio climático y la
crisis ambiental, para alcanzar un futuro sin nucleares, con reducción de las
emisiones de gases de invernadero, conservando la biodiversidad y asegurando
unas condiciones de vida dignas para todos los habitantes.
3.5. Política de transportes
El transporte representó el 28% de las
emisiones de CO2 de origen energético en 1990 (58 millones de
toneladas de CO2), y es el sector donde las emisiones crecen más rápidamente.
En el año 1998 se llegó a los 78,4 millones de toneladas de CO2,
con un aumento del 35,15% respecto a 1990, y para el 2010 el aumento será de un
73%. En el 2010 el transporte supondrá el 40% de las emisiones de CO2
de origen energético.
Las medidas del gobierno en el sector del
transporte en España son sólo cosméticas, pues la política real es construir
más autovías, autopistas, vías de circunvalación y aparcamientos subterráneos,
favoreciendo la movilidad en automóviles privados. El aumento de la eficiencia
en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y
biocombustibles en algunos autobuses urbanos, sólo reducirán en un pequeño
porcentaje el aumento previsto de las emisiones.
En 1995 la carretera representó el 90,16% del
tráfico interior de viajeros y el 77,24% de las mercancías. Las vías de gran
capacidad pasaron de 2.075 kilómetros en 1982 a 8.253 km en 1996, y el parque
de vehículos privados de 8,3 millones en 1982 a 14,8 millones en 1996. En 1996
había 376 automóviles privados por cada 1.000 habitantes, y el número aumenta
cada año; las ganancias en eficiencia son devoradas por el aumento del parque
de vehículos, las mayores cilindradas y el aumento de los km recorridos
anualmente.
El transporte de mercancías por carretera se
ha duplicado en España en las dos últimas décadas, desde 84.533 millones de
t/km en 1975 a 183.194 millones de t/km en 1995. Hoy la carretera representa el
77% del tráfico de mercancías, frente a sólo el 4% del ferrocarril. El
gobierno español no contempla ninguna política encaminada a traspasar mercancías
de la carretera a otros modos más eficientes como el ferrocarril. Los AVE no
permiten el tráfico de mercancías, y sus consumos específicos por viajero/km
son muy altos, además de los grandes impactos ambientales de las
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.
La reducción de los consumos unitarios de los
vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesario
pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos
más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no
motorizados, y las actuaciones encaminadas a reducir la demanda, con barrios
donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando
la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de
las grandes áreas metropolitanas.
Las propuestas son, en primer lugar, reducir
las necesidades de transporte, que no su posibilidad, y en segundo lugar tratar
de que el mayor número de desplazamientos de personas y de mercancías tenga
lugar en los modos de transporte más eficientes, como es el ferrocarril para
los desplazamientos interurbanos, frente a los automóviles privados y camiones.
El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico
de mercancías y el 25% de viajeros antes del año 2010. Tal participación
puede alcanzarse sin grandes dificultades, pero para ello se requiere una clara
voluntad política, materializada en las inversiones necesarias para mejorar el
conjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios, elevando las
tarifas en una proporción inferior al del Índice de Precios al Consumo.
Una política decidida, clara y bien
estructurada, para reducir la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad, y
para orientar la demanda hacia los modos más eficientes de transporte,
significaría una sensible reducción del consumo de energía, de la contaminación
atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo
empleado en desplazarse, menor número de accidentes, inversiones más reducidas
en la infraestructura viaria y una mejora general de la habitabilidad de las
ciudades.
3.6. Ahorro y eficiencia
Hasta la propia Agencia Internacional de la
Energía, en sus informes sobre España, ha criticado los resultados y los
escasos esfuerzos del gobierno español para aumentar la eficiencia energética,
y para ello no hay más que analizar el escaso grado de cumplimiento del PAEE
(Plan de Ahorro y Eficiencia Energética).
La eficiencia energética es la obtención de
los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con
la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior
al actual, alargando la vida
