MADRID - El Gobierno español dijo el viernes que la sociedad gestora Iberclear administrará el registro nacional de derechos de emisión de dióxido de carbono, una pieza clave dentro de la bolsa de CO2 que nacerá el 1 de enero del 2005.

El anuncio fue realizado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

El registro, que dependerá del Ministerio de Medio Ambiente, inscribirá las operaciones con permisos de emisión y mantendrá la relación con las plataformas de contratación, explicó a periodistas el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.

Iberclear actualmente gestiona sistemas de liquidación y compensación de valores, y pertenece a un grupo formado por las bolsas españolas, el mercado de futuros y opciones y el mercado AIAF de renta fija.

Las empresas incluidas en la normativa medioambiental europea para limitar desde el 2005 las emisiones de CO2 tendrán una cuenta en el registro, donde figurarán las operaciones de compra-venta que realicen.

Los analistas prevén que el sector de la generación eléctrica será la principal fuente de operaciones del mercado local de emisiones, ya que las eléctricas más contaminantes deberán recurrir a él para obtener derechos para emitir CO2 y las menos podrán desprenderse de los permisos que les sobren.

El Gobierno asignó derechos por un total de 88 millones de toneladas de CO2 al año para la producción eléctrica hasta el 2007.

Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, el sector de generación emanará unas 94 millones de toneladas en el 2006, por lo que debería buscar en el mercado alrededor de seis millones de toneladas anuales.

Para la totalidad de los sectores industriales afectados por la normativa, el déficit de derechos rondaría los 8,5 millones de toneladas al año en el período 2005-2007, según estimaciones oficiales.

Los infractores que superen el tope de emisiones asignados y no adquieran derechos para cubrir el desfase deberán abonar una multa de 40 euros por tonelada excedida, según dispuso la normativa comunitaria. A partir del 2008, la penalización se elevará a 100 euros.

Fuente: Reuters