Hidrocantábrico ya ha echado cuentas sobre
la factura que le pasará la inminente aplicación de las exigencias de Kioto.
En el conjunto del período 2005-2007, primera fase del protocolo ambiental, la
eléctrica asturiana deberá gastar entre 35 y 45 millones de euros (hasta 7.487
millones de pesetas) en la compra de derechos de emisión.
Si mantiene los niveles de actividad de los últimos
años en las centrales térmicas de Soto de Ribera y Aboño.
Si bien la dirección de HC reveló estos últimos
días que está sopesando la presentación de alegaciones al plan del Gobierno
central que asigna los derechos gratuitos de emisión (en toneladas de CO2) a
cada instalación afectada, la propia empresa anticipó, nada más conocer los
repartos, que acudiría al nuevo mercado del dióxido de carbono para paliar su
déficit. Ese comercio funciona así: aquellas industrias que generen más CO2
del que tienen autorizado deberán comprar bonos de empresas excedentarias o
reducir actividad, con el riesgo de encajar cuantiosas sanciones económicas en
otro caso.
La directiva europea sobre Kioto prevé otros
mecanismos que llama «de flexibilidad», como la obtención de derechos
extraordinarios de emisión para aquellas compañías que, directamente o por
medio de fondos de inversión, financien proyectos en países en vías de
desarrollo. Hay todo un negocio en marcha en torno al dióxido de carbono, y los
«brokers» llevan ya meses ofreciendo a las empresas productos asociados a
Kioto y al CO2.
Las cuentas de HC están basadas en la hipótesis,
ampliamente asumida, de que la cotización de los derechos de emisión en ese
comercio rondará los 10 euros por tonelada de gas contaminante. Y Cantábrico,
que el pasado año obtuvo un beneficio de 31 millones, disparado en parte por
circunstancias extraordinarias como las ventajas fiscales obtenidas por al
instalación de un ciclo combinado (gas) en Castejón, habrá de ir al mercado,
como las otras eléctricas con térmicas en Asturias, principalmente por el uso
de carbones importados. Tras el reciente acuerdo entre el Ministerio de
Industria y los sindicatos mineros, con una filosofía que también comparte el
Gobierno asturiano de Vicente Álvarez Areces, el impacto económico que pueda
tener Kioto en las centrales no afectará al uso de minerales nacionales.
Aunque Hidrocantábrico no ha hecho pública su
opinión acerca de esos acuerdos sobre el carbón asturiano, pendientes de
firmar, medios del sector eléctrico recordaron cómo los minerales extranjeros
constituyen ahora el combustible principal del parque termoeléctrico de la región.
Lo constata un reciente análisis elaborado por la Sociedad Asturiana de
Estudios Económicos e Industriales (SADEI), que viene a concluir que el fuerte
estirón de la generación eléctrica en la región durante la última década
fue alimentado sobre todo por el carbón de importación.
La generación eléctrica fue en 2002, último
año de los que evalúa SADEI, un 48 por ciento superior a la de 1994, gracias a
la mayor actividad de las centrales térmicas. En ese mismo período, la
producción asturiana de carbón, que se consume en las térmicas casi por
completo, se redujo un 41,8 por ciento, mientras que las importaciones para uso
eléctrico y siderúrgico más que se duplicaron (aumento del 166 por ciento).
En 2002, año de intensa actividad eléctrica
en Asturias, la entrada de carbones extranjeros alcanzó la cifra récord de 9,5
millones de toneladas, cantidad que triplica la de todas las hullas y antracitas
extraídas en las explotaciones de la región. Y ese carbón entró por la
terminal de graneles de El Musel. Es, han advertido organizaciones políticas
como IU, socio en el Gobierno regional, uno de los posibles efectos colaterales
de que Kioto penalice al carbón importado: bajarán los tráficos en Gijón y
se añaden dificultades al proyecto de convertir El Musel en otro superpuerto
del Norte.
Fuente: la nueva españa
