 En
la actualidad, el país tiene diez sitios de generación de este tipo de energía,
con una producción de 27 MW distribuidos en cinco provincias, Santa Cruz entre
ellas y Comodoro Rivadavia, con 24 aerogeneradores, que en la actualidad es la
ciudad con mayor potencia instalada (17,2 MW).
De acuerdo a los especialistas, los montos
totales que supondría este tipo de generación de energía, presuponiendo una
evolución de las tarifas del mercado eléctrico, serían de 300 millones de dólares
a los largo de 10 años, recursos económicos que se obtendrían del propio
Mercado Eléctrico, que remunera a los generadores con los precios mayoristas de
la energía. Una segunda forma de financiamiento está prevista por la ley
25.019, llamada ley nacional de energía eólica y solar, con dinero proveniente
de un fondo específico que se genera del mismo modo que el Fondo Nacional para
la Energía Eléctrica, es decir, de la aplicación porcentual a las
transacciones compra-venta de energía en el marco de la Compañía
Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad (CAMMESA).
La tercera opción de financiamiento es el Aporte para el Desarrollo Eólico
(APD), cuyo costo, según los expertos, debería ser prorrateado entre los
consumidores del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, sin alcanzar a los
usuarios de baja renta, ni a los usuarios residenciales y rurales de consumo
bimestral menor o igual a 300 kilovatios hora.
El planteo de la CADGE es similar al criterio empleado por Brasil para
desarrollar su Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas (Proinfa), que
fija la meta de instalar 3.300 MW de capacidad de generación eléctrica de
fuentes renovables para diciembre de 2006.
De este potencial, 1.100 MW corresponden a la energía eólica. Los proyectos
del Proinfa tienen garantizado un precio de venta de la electricidad generada
por 20 años y financiamiento oficial asociado a la integración industrial
local.
La propuesta de la CADGE se inserta en los compromisos asumidos por el país en
conjunto con otros gobiernos de la región en la reunión preparatoria de los
gobiernos latinoamericanos para la Conferencia Mundial sobre Energías
Renovables que se realizó en Bonn, Alemania, en junio de 2004.
En esa oportunidad se acordó adoptar la meta de lograr en el 2010 que la región,
considerada en su conjunto, utilice al menos un 10 por ciento de energías
renovables del consumo total energético.
Durante esa misma conferencia, Argentina presentó un compromiso nacional de
promover las energías renovables en el país, con el objetivo de alcanzar el 8
por ciento del consumo energético a través de esas tecnologías para el 2013.
Es el momento de recuperar el protagonismo en este rubro, del que Argentina supo
estar en la vanguardia. Esta propuesta es esencial para diversificar la matriz
energética, mejorar en materia de emisiones que afectan al clima, y conservar
los recursos energéticos no renovables, señalaron los expertos.
El proyecto santacruceño
El Centro Internacional, dependiente de la Organización para el Desarrollo de
la Industria de las Naciones Unidas (UNIDO), decidió establecer cuatro planes
piloto en cuatro continentes: Asia, Africa, Europa y América, este último
otorgado a la provincia de Santa Cruz.
El director del ICHET, profesor Nejat Veziroglu, comunicó la decisión al
gobernador Sergio Acevedo en septiembre pasado, en respuesta a la solicitud del
Poder Ejecutivo provincial de recibir un subsidio destinado a la generación de
ese tipo de energía en sitios aislados.
En la comunicación girada al gobernador, Veziroglu destacó las “excelentes
ventajas” de la provincia, haciendo hincapié en la existencia de un recurso eólico
competitivo a nivel mundial, que motivó al Ejecutivo a decidir una firme política
de apoyo al empleo de las energías renovables.
También fue elogiada “la creación del Instituto de Apoyo a las Energías
Renovables y la construcción de la primera Planta Eólica–Hidrógeno con
fines experimentales y aplicativos del hidrógeno como combustible en sus múltiples
aplicaciones”.
La planta, terminada en un ochenta por ciento, se convertirá en la primera en
Latinoamérica, lo que reafirma la intención de conformar un polo de desarrollo
industrial basado en energías renovables, con alcances al resto del país, América
y el mundo.
El gobierno ofreció al ICHET la colaboración de la Fundación Hidrógeno de
Pico Truncado, como Unidad de Gestión Administrativa No Gubernamental, además
de otros medios de apoyo que pudiera precisar para ejecutar su trabajo.
Fuente: La opinión Austral
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