A partir de la crisis de las últimas décadas, en que la producción creció y se detuvo alternativamente, al tiempo que crecía sistemáticamente el desempleo, la marginación, la pobreza, el hambre y la miseria, se ha abierto un debate muy interesante que involucra interrogantes de magnitud: qué es el desarrollo?

Cómo hace una sociedad para desarrollarse? Que pueden hacer las autoridades para lograrlo? Que deben hacer los sujetos para apoyarlo? Encima, la consigna es que es preciso el desarrollo, pero además debe ser “sustentable”, luego de algunos siglos de subdesarrollo bastante “sostenido”.

La idea de desarrollo ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas: desde la perspectiva más tradicional, que lo veía (y aún muchos lo ven) como sendero de crecimiento del producto, liderado por los países que primero habían largado en esta carrera, pero que los demás podrían y deberían seguir, con sus matices, para alcanzar el desarrollo, como meta inexorable de respetar el buen camino.

En la perspectiva latinoamericana de los ´40/´50 primó la idea de un desarrollo asociado con la industrialización, el aumento de la producción manufacturera, la inversión y el empleo, llevarían a la mejora de los indicadores macroeconómicos. Un cambio en la estructura productiva que permitiera a los países de la periferia insertarse más activa e industrialmente al esquema de intercambios internacionales instaurado a partir de la segunda posguerra.

La última noción del desarrollo que sufrió el país parecía significar el acceso a patrones de consumo lo más similares posible a los países centrales, aunque esto fuera para una selecta minoría, liberado el proceso de producción de regulaciones públicas, orientado y gestionado por grandes grupos concentrados, que con el tiempo derramarían riqueza al resto de la  oblación. Y es esta misma perspectiva la que vincula al desarrollo con la distribución del ingreso y los excedentes, aunque sea por el absurdo.

Todos los  enfoques han demostrado que tienen serias limitaciones a la luz de la historia reciente y la experiencia de nuestras sociedades: no se han podido sostener en el tiempo, hallando obstáculos insalvables en pocos años de implementación. Esto es, se han mostrado poco sustentables en el tiempo.

Acompañando el proceso de crisis de la organización productiva y el paradigma fordista de articulación económico social de posguerra, se ha abierto camino la idea y la necesidad de  plantear e implementar modelos “sustentables” de desarrollo, pero será necesario revisar el significado de la sustentabilidad.

Esta idea viene mostrando aristas diversas y cambiantes desde su presentación y difusión. Surge asociada a la necesidad de hallar técnicas productivas que evitasen el uso indiscriminado de recursos naturales no renovables (quizás se más adecuado decir: evitar técnicas productivas basadas en el uso indiscriminado de recursos no renovables: a veces parece entenderse como soslayar el avance tecnológico).  La idea actualizada de sustentabilidad de un modelo de desarrollo debe incluir también nuevas pautas de comportamientos de los agentes, nuevas técnicas productivas, nuevos patrones de distribución, nuevas pautas de consumo y gasto,  readecuación de las instituciones, etc. Siguiendo con términos contemporáneos, debe consolidarse un paradigma productivo que permita articule positivamente los diferentes aspectos que conforman el mecanismo de producción, distribución y utilización del excedente que al sociedad en su conjunto produce.

Estas cuestiones trascienden ampliamente el aspecto económico o productivo, introduciéndose en el campo de las diferentes ideas que se tengan acerca de los modos en que la sociedad pueda organizarse para mejorar sus condiciones de vida, de distribución y ser sustentables en el tiempo.

Las ideas más difundidas de desarrollo enfocan el problemas a escala nacional: los agregados macroeconómicos, las exportaciones e importaciones, el tipo de cambio y la estructura productiva nacional son elementos centrales de estos diagnósticos y sugerencias de política económica. La propia idea de política económica queda arraigada en la esfera nacional y sus instituciones: el Ministro, el Banco Central, la Deuda, la Moneda, la AFIP, etc.

En países como la Argentina de los últimos 50 años, con estructuras productivas complejas, ampliamente diversificadas e históricamente interrelacionadas, el entramado productivo requirió de estímulos y regulaciones estatales para orientar sus inversiones, ampliar la base de consumidores, etc.: la situación a partir de los ´80 demuestra que resulta sumamente difícil “orientar” procesos de acumulación desde el herrumbrado instrumental de política económica de posguerra. La escala nacional resulta indescifrable e inabarcable para un aparato estatal diezmado, sin instrumentos, etc.

Y se instala la inquietante sensación de que los modelos de desarrollo sustentable difícilmente puedan plantearse a escala nacional, a nivel país, con lo que se revaloriza la dimensión regional y local, en las que pueden identificarse aspectos comunes y coincidencias culturales, que potencien la rearticulación de los mecanismos de producción, distribución y utilización del producto en torno a esquemas más sustentables de organización social.

Aquí  el calificativo de “sustentable” adquiere una dimensión distinta: incorpora la necesidad de un aprovechamiento más amplio de los recursos naturales y humanos, la imperiosa necesidad de no destruirlos o deteriorarlos, un aprovechamiento de la innovación tecnológica que no atente contra el empleo (sino más  bien lo expanda y califique), el insalvable requisito de readecuar saberes y competencias de los actores acorde a las nuevas necesidades. Se plantean esquemas inclusivos como forma de dar sustentabilidad social al paradigma en ciernes, con mayor participación de la población involucrada y sus instituciones representativas, las unidades productivas comprometidas con  el nuevo paradigma.

Y la sustentabilidad en el tiempo, el largo plazo, se halla cruzado por fenómenos de carácter cultural. La cultura predominante por estos pagos no favorece la asunción de riesgos (quizás con alguna razón, pero luce bastante cómodo), desdeña la asociatividad como palanca potenciadora de los esfuerzos individuales, considera lo público como opuesto a lo privado y, en fin, interpreta la competencia como conflicto de intereses.

Un esquema sustentable no es una situación predeterminada y conocida a la que se deba llegar: se trata de una construcción colectiva que requiere tiempo y transformaciones profundas. Da cuenta de su consolidación mediante las instituciones, concebidas como conjunto de comportamientos arraigados, establecidos, que dan consistencia y perdurabilidad a los cambios introducidos. Como se dijo, requiere de tiempo y perspectivas comunes, y hacen falta modificaciones culturales  que se hagan carne en el trabajo individual y cotidiano. Por último, no es una cosa que vendrá con acuerdos más o menos ventajosos con potencias globales, ni con tipos de cambios pretendidamente protectores, mucho menos con discursos altisonantes. Se hace con gestos concretos, con decisiones cotidianas, construyendo consensos y creando soportes con nuevas instituciones. Difícilmente estos desafíos se logren esperando medidas macro: el ámbito de construcción es lo micro, el día a día, las empresas emprendedoras, los espacios  públicos cercanos que permitan vislumbrar modalidades de articulación económica y funcionamiento social más saludable y equitativo. Y desde ahí plantearse la expansión hacia esferas más abarcativas y generalizadas.

Lic. Marcelo A. Martinetti

Profesor de Economía y Procesos de Modernización

Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR

Programa Integral de Emprededores Locales

Secretaría de Producción, Municipalidad de Rosario