Es relevante que un país como Uruguay elija
por primera vez en su historia a un gobierno de izquierdas, pero lo es más, si
cabe, que sea pionero a nivel mundial en la celebración de una consulta popular
sobre el agua
Los uruguayos además de poner fin a 170 años
de alternancia de “Blancos” y “Colorados”, dijeron “no” en referéndum
a la privatización del agua.
El 60% de la ciudadanía votó a favor de una reforma constitucional que, al
declarar el agua como “bien público”, la protege en adelante de caer en
manos privadas, a la vez que garantiza la participación de los usuarios en
todos los niveles de su gestión. El acceso a los servicios de agua y
saneamiento pasa además a ser considerado un derecho humano fundamental. Una
compañía estatal se encargará de hacerlo efectivo, y no habrá en el futuro más
concesiones a empresas privadas.
Las organizaciones ecologistas han destacado la importancia de la iniciativa
uruguaya por su novedad, y también porque fija un precedente importante para la
protección del Medio Ambiente: la democracia directa como fórmula para
consagrar estos principios en la constitución nacional. En un tiempo en que las
grandes corporaciones pugnan por el control del agua, Uruguay se garantiza así
la soberanía sobre un recurso cada día más preciado por su escasez.
Lo que todavía no está muy claro de la reforma, es qué pasará con las
empresas foráneas que actualmente prestan en el país servicios de agua. En
principio, la reforma no tendrá carácter retroactivo y sólo se revisarán
aquellas concesiones que vayan en contra del interés general. Es el caso de dos
compañías españolas.
Aguas de la Costa opera en el Departamento de Maldonado desde hace doce años.
En este tiempo las tarifas de agua han subido en la zona a un ritmo siete veces
superior al del resto del país. Es un fenómeno íntimamente ligado a cualquier
experiencia privatizadora, que las empresas suelen justificar diciendo que
mejoran el servicio. Pero el ejemplo de la otra empresa española desbarata este
argumento. Uruagua se encarga del suministro de agua en Punta del Este y Piri,
dos destacados centros turísticos. En 2002, en el momento álgido de la
temporada turística, la compañía estatal de agua Obras Sanitarias del Estado
(OSE), se vio obligada a recomendar a la población que hirviera el agua
suministrada por Uruagua antes de consumirla porque ésta contenía bacterias.
En los últimos años, el traspaso a manos privadas de la gestión del agua se
ha planteado como una posible solución a su creciente escasez. El Banco Mundial
ha sido uno de los mayores patrocinadores de esta idea, e incluso, en
determinados casos, ha llegado a condicionar la concesión de préstamos en países
del Sur a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Algunas
compañías como la Suez Lyonnaise del Eaux o Vivendi tienen ya 110 millones de
clientes en más de 100 países, y aspiran a acaparar el 75% del mercado en los
próximos años.
Varios países latinoamericanos ya se han opuesto firmemente a la privatización
del agua. Los habitantes de Cochabamba, en Bolivia, protagonizaron una de las
revueltas más sonoras. Hartos de invertir cerca de la mitad de su sueldo en la
cuenta del agua se echaron a la calle. Después de meses de protestas
consiguieron recuperar el control sobre el preciado recurso y que el gobierno
suspendiera la concesión a una empresa dependiente del conglomerado Bechtel.
También en otros países de la región como Argentina y Chile la privatización
ha despertado malestar entre la gente, pero nunca antes ningún país había
hecho lo que Uruguay: someter a votación el modo de gestionar el agua. Habrá
que ver si cunde su ejemplo.
Fuente: infosolidaria.org
