Las incertidumbres sobre la asignación de emisiones en Reino Unido aumenta las controversias del comercio de emisiones en la UE y hace perder atractivo a las transacciones con el parqué londinense, uno de los más activos.

¿Faltará Londres en la bolsa europea de emisiones contaminantes? El pasado viernes saltaron las alarmas cuando Reino Unido anunció que la denuncia interpuesta contra la Comisión Europea por establecer límites demasiado exigentes a los Planes Nacionales de Asignación (PNA).

Estos planes constituyen en la práctica el eje para asegurar el funcionamiento del mercado de dióxido de carbono (CO2), la principal medida puesta en marcha por la Unión Europea para adaptarse a las obligaciones del Protocolo de Kioto, el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.

El plan británico fue uno de los primeros en ser revisados por la Comisión en julio de 2004. El visto bueno de Bruselas es una condición imprescindible para que un PNA sea exigible a las empresas que reciben la asignación de CO2.

Dos condiciones

Reino Unido recibió el visto bueno condicionado de la UE. Se trataba de una aprobación sujeta a que Londres corrigiera su plan en dos aspectos: dar más información sobre la participación de las instalaciones que se pongan en funcionamiento entre 2005 y 2008 (los denominados nuevos entrantes) y la inclusión de Gibraltar en el listado de instalaciones afectadas por el comercio de emisiones.

El plan corregido optó por una amplia flexibilización de las emisiones asignadas a los nuevos entrantes, a lo que Bruselas planteó problemas. Finalmente, aunque Reino Unido formalmente no ha llegado a presentar su plan definitivo, ha decidido denunciar a la Comisión Europea por fijar límites demasiado ambiciosos en los planes de emisiones y, en concreto, en el suyo. Mientras, Londres ha dicho que aplicará su plan inicial (el que aprobó Bruselas el pasado verano), en lugar del documento revisado que fijó requisitos menos estrictos para la industria británica y que Bruselas ha rechazado y ha considerado ilegal. La idea es acometer la asignación de CO2 entre las empresas a finales de abril o principios de mayo.

Con todo, fuentes de la Comisión Europea aseguran que “Reino Unido ha aceptado nuestras recomendaciones y va a empezar a funcionar con las condiciones que ha dicho Bruselas, pero mientras, recurren contra ellas”, informa Antonio León. Si después el tribunal de primera instancia de la UE da la razón a Reino Unido, el Gobierno británico corregiría la asignación realizada en función de su nuevo plan.

¿Qué efectos jurídicos tiene todo esto? “La directiva de comercio de emisiones deja claro que cada Estado está sujeto a lo que le pida la UE. Si, al final, Reino Unido incumple sus obligaciones, la Comisión Europea podría iniciar un procedimiento contra él por incumplimiento del derecho comunitario”, señala Carlos de Miguel, socio del bufete Uría & Menéndez.

¿Qué pasa mientras la UE resuelve el recurso de Londres? En principio, las empresas británicas podrán participar en la bolsa de CO2, pero “con la incertidumbre de no tener un plan definitivo y, por lo tanto, de no poder diseñar una estrategia de formal compraventa de emisiones. Además, Estados Unidos encontrará en estas controversias motivos para reafirmarse en su no a Kioto”, explica un bróker de CO2.

Las incertidumbres procedentes de Reino Unido se sumarían a los problemas existentes en la bolsa europea de contaminación, relacionados con la poca liquidez; la limitada puesta en marcha de los registros de emisiones y el alza del precio de la tonelada de CO2, que ya ronda los 10,70 euros.

De Miguel admite que la postura de Londres “introduce un elemento de incertidumbre en el mercado europeo de emisiones”. Además, pese al peso de la bolsa de CO2 en Londres. “puede hacer que las empresas españolas se planteen menos ir a comprar derechos a las británicas si allí se insiste en aplicar el plan sin considerar lo que la Comisión Europea les ha exigido”.

España celebra el avance hacia las emisiones per cápita

Por su parte, El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto iniciar hoy el seguimiento con los agentes sociales de los efectos del Plan de Asignación de emisiones.

Kioto entrará así en el diálogo social en España, lo que, según el Ministerio, puede potenciar las oportunidades de creación de empleo derivadasdel Protocolo. El gabinete de Cristina Narbona valora, además, el acuerdo alcanzado la semana pasada por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, en el que se han empezado a plantear objetivos de reducción de emisiones más allá de 2012, el año del cumplimiento de Kioto.

De momento, se trata de lanzar un debate en el que ni España ni la ningún otro Estado miembro han asumido un objetivo cuantificado de reducción de emisiones. Para España, el paso más relevante del acuerdode la UE es el hecho de haber podido introducir el principio de equidad y de flexibilidad.

Beneficio

Según el Ministerio, esto “puede beneficiar extraordinariamente a España, ya que permitiría introducir la referencia a las emisiones per capita, que no fue tomada en consideración en 1997, al acordarse el reparto de cargas dentro de la UE” para cumplir Kioto.

Como señalan en el gabinete de Narbona, “aunque España es hoy el país de la UE más alejado del cumplimiento de sus compromisos de Kioto, aún tiene unas emisiones per cápita inferiores a las de la media de la UE 15. El compromiso de Kioto entre 2008 y 2012 en la UE de los Quince se sitúa en 10,3 toneladas por habitante, mientras que el de España es más de un 20% inferior (7,9). Por ello, una reducción en 2020 del 15%-30% de la emisiónper cápita frente a 1990 conduciría a valores superiores al objetivo Kioto de España para 2008-2012 (entre 9,88 y 8,14 toneladas por habitante).

Fuente: CanalEmpresaSostenible