La petición se realiza en forma de dictamen motivado, que constituye la segunda etapa de un procedimiento de infracción. Si España no toma las medidas necesarias para atenerse al dictamen en el plazo de dos meses, la Comisión presentará una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Estas normas pretenden velar por la transparencia de la contabilidad de las empresas públicas y de otras empresas que ofrecen servicios de interés general. Al garantizar que el dinero destinado a servicios públicos no se desvía hacia otros fines (comerciales), defendemos el interés de los contribuyentes", manifestó la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, a través de un comunicado.

La norma en cuestión reforma una directiva anterior y amplía los requisitos de transparencia no sólo a las empresas públicas sino también a aquellas que, por una parte, gestionan servicios de interés económico general y reciben una compensación en forma de pagos o de derechos especiales o exclusivos y que, por otra parte, realizan además operaciones comerciales normales.

La única excepción son aquellos sectores en los que ya existe otro instrumento comunitario que exige la separación de cuentas, por ejemplo las telecomunicaciones y los ferrocarriles.

La norma pretende garantizar que la Comisión recibe los datos necesarios para instruir las denuncias sobre presuntas compensaciones excesivas de los costes del servicio público o subvenciones cruzadas de las actividades comerciales.

Los Estados miembros debían haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para cumplir con la directiva a más tardar el 31 de julio de 2001. Más de tres años después de esta fecha, España aún no la ha aplicado plenamente.

La Comisión ha considerado cuidadosamente las razones alegadas por las autoridades españolas para no haberlo hecho, pero considera que, según los instrumentos jurídicos nacionales comunicados, España no ha incorporado correctamente todas las disposiciones establecidas en la norma. Por este motivo, Bruselas insiste en que la directiva se aplique "plena y eficazmente".

Además de a España, el Ejecutivo comunitario lanzó también un ultimátum contra Portugal por no adaptar correctamente a su legislación nacional esta directiva sobre transparencia financiera.

Fuente: Europa Press