Y que figure en el texto el compromiso de la Generalitat de destinar el 0,7 por ciento del Presupuesto a combatir la pobreza y que las ayudas públicas estén orientadas a los países más necesitados.

Representantes de la Coordinadora de ONGD iniciaron con EU-Entesa una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios -mañana lo harán con PSPV y PP- para tratar de mejorar el proyecto de ley elaborado por el Gobierno valenciano durante su tramitación en las Cortes Valencianas, ya que, según denunciaron, la actual redacción del texto "diluye" el papel de las ONGD y "abre la puerta" a las organizaciones con ánimo de lucro vinculadas con intereses comerciales y a también a la contribución con ayudas públicas a instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

El vicepresidente de la coordinadora, Juan Ortega, denunció que la ley elaborada por el Consell -que ya cuenta con el informe del Comité Económico y Social (CES) y que también se ha remitido al Consell Jurídic Consultiu (CJC)- fija los mismos requisitos para organizaciones con y sin ánimo de lucro, con la salvedad en el primer caso de que se comprometan a no obtener beneficios y a auditar sus actuaciones.

Esta regulación, según denunció, no garantiza, sin embargo, que una multinacional pueda constituir una sociedad limitada y optar a acciones de cooperación promovidas por la Generalitat con el propósito de obtener réditos de marketing, por lo que solicita que el texto limite la participación de las organizaciones con ánimo de lucro a donaciones y proyectos concretos. Además, señaló que existe el peligro de que las ayudas que se puedan obtener bajo este concepto, y también las contribuciones a instituciones financieras internacionales, se contabilicen en el cómputo del 0,7 que la Generalitat se ha marcado como objetivo para el final de legislatura.

El también representante de la coordinadora Alfredo Maluenda subrayó además que, al contrario que "todas" las leyes de Cooperación existentes, la elaborada por la Generalitat deja de hablar de organizaciones no gubernamentales de desarrollo para hacerlo de agentes de cooperación.

También criticó que la ley abre la posibilidad de "priorizar" ayudas a países de renta media, en lugar de orientar la cooperación a los países más pobres, así como a modalidades de créditos autonómicos reembolsables, cuyas consecuencias a nivel del Gobierno estatal ya se han demostrado negativas para los países del Sur.

Maluenda manifestó además que se ha perdido la oportunidad de explicitar el compromiso de alcanzar el 0,7 por ciento del Presupuesto de la Generalitat destinado a la cooperación internacional, y que tampoco se garantiza la aplicación del principio de coherencia con el resto de políticas de la Generalitat. Además, la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ha planteado ya sin éxito estas reivindicaciones a la conselleria de Cooperación en las reuniones mantenidas hasta ahora, también reclama que se mejore la "transparencia" de las actuaciones que desarrolla la Generalitat en el ámbito de la cooperación internacional, y para ello se propone que los planes directores y los planes anuales estratégicos sean aprobados por las Cortes Valencianas, y no sólo por el Consell, y también que se dé cuenta al Parlamento de los informes anuales y de gestión y del resultado de los planes de actuación, según explicó la presidenta del organismo que agrupa a las ONGD, Elvira Mensat.

La coordinadora también reclama tener un papel acorde con su representación en el consejo asesor de cooperación, tal y como figura también en otras leyes autonómicas, y que se fije el plazo para la aprobación del Reglamento que regulará la puesta en funcionamiento de este órgano.

El diputado de EU-Entesa Ramon Cardona se comprometió a trasladar las sugerencias de la Coordinadora de ONGD a las modificaciones legislativas que plantee su grupo parlamentario, y aseguró que "no sólo son adecuadas, sino las mínimas necesarias para que esta ley tenga sentido, coherencia y posibilidad de influir" en los objetivos de erradicación de la pobreza.