El paisaje urbano ha cambiado desde la “brutal” devaluación que nos legaron el ex–ministro de Economía refugiado en Europa y quien le movía los hilos (¿Alguien se acuerda de De Mendiguren, ministro de la Producción al comienzo de la etapa Duhalde?).

Se han instalado numerosos negocios de compra–venta y reparación de electrodomésticos porque debimos modificar esa cómoda costumbre de tirar lo descompuesto (o lo tecnológicamente antiguo) para reemplazarlo por lo nuevo y mejorado.

En los Estados Unidos el panorama es completamente diferente: la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pronostica que 250 millones de computadoras se volverán obsoletas en los próximos cinco años generando una impresionante masa de “basura electrónica” o “residuo electrónico” que preocupa seriamente a los defensores del medio ambiente. El perjuicio con mayor impacto ambiental se debe al plomo contenido en los tubos de rayos catódicos (CRT) de los monitores de las computadoras y de los televisores y al mercurio incorporado en las “motherboards”. Un monitor de computadora puede contener hasta 4 kg de plomo, motivo por el cual la EPA ha modificado la clasificación de los CRT pasándolos de residuo a material reciclable. Esta modificación se vuelve imprescindible porque los residuos se descargan en los basureros municipales para su entierro o incineración. De esta forma, tanto el plomo como el mercurio y otros elementos químicos pesados presentes en los aparatos electrónicos, contaminan las aguas subterráneas o aumentan la concentración de gases tóxicos en la atmósfera.

La obsolescencia planificada es un herramienta para dinamizar el mercado. El deseo de novedad del consumidor puede llevarle a pagar con gusto el precio que supone la renovación cada poco tiempo. Las modificaciones (verdaderos cambios tecnológicos o mero maquillaje) incorporadas en las computadoras, teléfonos celulares, televisores, reproductores de video, equipos de música y demás aparatos son el combustible que potencia las ventas en la industria de la electrónica. El lado oscuro del proceso es la creciente acumulación de basura electrónica, que sólo en los Estados Unidos se aproxima a la doce millones de toneladas enterradas en basureros y promete aumentar significativamente en los próximos años.

Reciclar es “fashion” pero caro; entonces usemos la alternativa más barata: juntamos toda la basura electrónica en un container y la embarcamos para China (el basurero “high tech” de Asia). En el sur de China, y sin ART que los cubra, cientos o miles de trabajadores desarman, clasifican y recuperan piezas que constituirán la materia prima de numerosos aparatos “Made in China”. Naturalmente, esos recicladores están expuestos a los productos tóxicos y se desconoce la manera en que se elimina el material no reutilizable. Por otra parte, Estados Unidos es el único país desarrollado que no firmó el Acuerdo de Basilea, un tratado ambiental promovido por las Naciones Unidas, que prohibe la exportación de residuos contaminantes desde los países desarrollados hacia terceros países. Hay una razón: exporta más del 50% de su basura electrónica, principalmente a China, India y Paquistán.

Un senador del estado de California propuso el "impuesto al residuo electrónico", consistente en un aumento de 10 dólares en el precio de cada computadora o televisor para compensar los gastos que le demandará al estado las tareas de reciclado. Hewlett Packard desarrolló una intensa tarea de “lobby” hasta conseguir el veto a la ley por parte del gobernador del estado. La compañía aduce que ese impuesto les resta competitividad y propone un acuerdo que involucre a todo el país en el cual los municipios recolectan las computadoras usadas y los fabricantes se comprometen a reciclarlas.

Mientras se discutía ese acuerdo, la fábrica de computadoras Dell utilizó una variante alternativa, aunque bastante criticada: el trabajo de reciclado era realizado por los reclusos de varias cárceles federales. La ausencia de un gremio “combativo” permite que las condiciones laborales sean menos rigurosas de lo que las normas de protección personal recomiendan para este tipo de tareas. La presión ejercida por un grupo ambientalista californiano forzó a la compañía Dell a concluir el trato con el organismo federal y su reemplazo por empresas privadas especializadas en las tareas de reciclado.

Muchos lectores se estarán preguntando el porque no donar las computadoras obsoletas. Efectivamente, muchas se donan pero llegan incompletas: faltan periféricos, algunas llegan sin el sistema operativo (S.O.) y otras con un S.O. en el cual no corren los programas que las organizaciones sin fines de lucro ―habituales receptoras de las donaciones― requieren para realizar sus tareas (correo electrónico, procesadores de texto modernos, posibilidad de una conexión a Internet, etc). El resultado final es que las organizaciones receptoras deben cargar con el costo de enviar al equipo para reciclado.

Mientras los japoneses están comenzando a fabricar computadoras libres de plomo, en Estados Unidos el concepto que está en discusión es el de la “responsabilidad del fabricante”. Hasta ahora se refería a la calidad del producto terminado y la correspondiente garantía de uso. Se intenta modificarlo para que incluya todas las consideraciones ambientales. En palabras de Gary Davis, director del Centro para Tecnologías Limpias de la Universidad de Tennessee, “los fabricantes deben cargar con un cierto grado de responsabilidad por el impacto ambiental del producto a través del ciclo de vida del mismo, desde la extracción de la materia prima, el uso del producto y la disposición última del mismo”. La idea es forzar al fabricante, para que a la hora del diseño, considere de igual importancia los aspectos económicos, estéticos y ambientales.

Otro enfoque es el sistema de producción inversa consistente en el diseño de equipamiento para recuperar y reutilizar todo el material contenido en la basura electrónica: cobre, aluminio, oro, plomo, los diferentes plásticos, el vidrio y los cables. El objetivo final es crear un proceso de fabricación de “lazo cerrado” que no sólo mejorará los ecosistemas por menor contaminación, sino que también reducirá las tareas mineras debido a la menor demanda de materias primas. Por el momento, la dificultad radica en hacer que estos procesos sean económicamente factibles.

Tal vez no comprendimos la profundidad de los alcances de las medidas económicas tomadas por Remes Lenicov y De Mendiguren. Tal vez ellas no obedecían a espurios intereses económicos sino a nobles intenciones de reducir la contaminación ambiental en nuestra Patria.


(*) Ingeniero y profesor universitario en la UNR y UTN
E-mail: dweitz@ciudad.com.ar

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